Pilar Rodríguez, fiscal provincial de Madrid, ha declarado como imputada en el Supremo para ratificar que ella no filtró datos del fraude fiscal de la pareja de Isabel Díaz Ayuso. Ni el expediente de Hacienda, ni la denuncia ni tampoco el correo con el que su abogado ofrecía un pacto y reconocía sus delitos. El expediente completo del caso, ha explicado hoy Rodríguez, estuvo a disposición de más de 500 personas una vez presentada la denuncia, y el correo con la confesión fue accesible para 60 personas antes de llegar a manos del fiscal general en la noche del 13 de marzo. Rodríguez, una de las tres personas imputadas en el caso, también ha cargado contra la Guardia Civil por las afirmaciones de sus informes que cimentan las sospechas del juez.
Fuentes del caso explican a elDiario.es que el juez Ángel Hurtado ha especificado algo que ya dejó entrever ayer durante la declaración del fiscal general: que el objeto de la causa ha cambiado. El Tribunal Supremo estableció en octubre que el comunicado de la Fiscalía de Madrid sobre el caso de Alberto González Amador no era delictivo, pero que había que investigar quién había filtrado previamente el correo del empresario a la prensa. “No hay información indebidamente revelada, ante el conocimiento público de los hechos”, dijo el Supremo sobre ese comunicado.
Hurtado ha explicado hoy a las partes que la causa ya no se dirige solo contra la filtración del correo. También investiga el momento en que ella, dos días después de presentarse la denuncia, hizo llegar todo el expediente del caso a la Fiscalía General, y que la nota de prensa del 14 de marzo hasta ahora exonerada vuelve a estar bajo la lupa de la investigación y si Rodríguez participó en su elaboración.
La fiscal provincial de Madrid ha reiterado lo que ya afirmó ante el Tribunal Superior de Justicia en su primera comparecencia el pasado mes de junio: que ella no sabía que habían denunciado a la pareja de Isabel Díaz Ayuso hasta dos días después de llevar el caso a los juzgados, cuando recibió una llamada de la Fiscalía General pidiendo la información del caso. A partir de ahí, ha explicado Rodríguez, cumplió con las peticiones de información y dación de cuentas para remitir el expediente y no volvió a saber nada hasta la mañana del 12 de marzo, cuando elDiario.es publicó la primera exclusiva sobre el caso.
En la noche del 13 de marzo, cuando la Fiscalía puso en marcha la maquinaria para obtener toda la información que tenía el fiscal del caso Julián Salto, ella intermedió para obtener los correos y desmentir varias informaciones falsas que circulaban. Una de ellas era la que difundía Miguel Ángel Rodríguez, jefe de gabinete de Ayuso en la Comunidad de Madrid. La otra, que ha definido como “errónea”, fue la que publicó El Mundo a las 21.29 de la noche: que la Fiscalía había ofrecido un pacto al empresario, cuando había sido al revés. La indicación, tanto del fiscal general como de la fiscal jefe de Madrid, Almudena Lastra, era desmentir “informaciones inveraces”.
571 personas con acceso al caso
La fiscal ha explicado al juez Hurtado que un total de 571 personas, entre funcionarios y fiscales, tuvieron acceso a todo el expediente tributario de González Amador después de que su caso fuera judicializado en la Plaza de Castilla de Madrid. Sobre el correo con la confesión cuya filtración se investiga, Rodríguez ha cifrado en 60 personas las que tuvieron acceso “directo” antes de que se publicara en la noche del 13 de marzo: los 16 fiscales y funcionarios con acceso al correo al que fue remitido pero también los superiores de la fiscalía provincial y la superior y diversos funcionarios.
La defensa de la fiscal provincial y del fiscal general, ejercida por dos Abogados del Estado, intenta demostrar que la información sobre el posible pacto ya circulaba por diversas redacciones y había estado al alcance de decenas de personas antes de que llegara a manos de Álvaro García Ortiz y sus colaboradores en la noche del 13 de marzo del año pasado. Entre otras personas de las 60 que tuvieron acceso al email, Rodríguez ha explicado que altos cargos de la Fiscalía en Madrid, además de ella misma, también tenían acceso al buzón de correo al que Carlos Neira, abogado del empresario, envió su confesión.
Pilar Rodríguez ha aprovechado su declaración para desmentir algunas deducciones que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil hizo en su informe tras analizar sus mensajes de WhatsApp. Por ejemplo, que se deslizara que ella en ese momento estuviera esperando un ascenso, cuando en realidad acababa de ser renovada en su cargo y no podía optar a ninguna otra, y que quería seguir allí. “Me resulta humillante que la UCO realice esa inferencia”, ha dicho.
El fiscal general niega la filtración: “Rotundamente, no”
Rodríguez ha llegado al Tribunal Supremo a las 9.35 de la mañana un día después de que el fiscal general, Álvaro García Ortiz, compareciese ayer durante casi hora y media ante el juez Hurtado. En su comparecencia negó haber filtrado a la prensa o a la Moncloa datos confidenciales del caso de Alberto González Amador o de haber intentado perjudicar al empresario de alguna manera, reiterando que no supo de su verdadera identidad o el fraude fiscal del que se le acusaba hasta días después de ser denunciado.
El fiscal general rechazó contestar a las preguntas del juez Hurtado al entender, según explicó poco después de entrar en la sala, que el criterio del instructor ya estaba “predeterminado”. “Rotundamente, no”, contestó varias veces cuando la Abogacía del Estado le preguntó si había filtrado la información del caso de González Amador. Apuntó a que la Fiscalía de Madrid tendría que haber informado públicamente del caso cuando se presentó la denuncia y, sin embargo, no se hizo.
El juez Hurtado ya hizo alusión a la posibilidad de que el objeto de la causa se ampliase a la nota informativa y la filtración de todo el expediente, y no solo a la filtración del correo como había ordenado la Sala de lo Penal. Preguntado por la Abogacía del Estado por el alcance actual de las investigaciones, el juez se remitió a un auto del pasado 13 de enero. En el que llamó a declarar a los tres imputados y en el que acusó al fiscal general de liderar una estrategia para filtrar todos los datos del caso a la prensa y la Moncloa para perjudicar a Isabel Díaz Ayuso.