Menos de una semana después, el Gobierno ha cerrado un acuerdo con Junts para aprobar el polémico decreto ómnibus que decayó la semana pasada. El Consejo de Ministros ha aprobado este martes un nuevo decreto que recoge gran parte del texto que el miércoles tumbaron en el Congreso PP, Vox y Junts y que incluye asuntos tan relevantes como la revalorización de las pensiones o la ampliación de las ayudas al transporte público.
El Ejecutivo vuelve a recurrir a la vía del real decreto ley, por lo que el texto deberá someterse de nuevo a una votación de la Cámara Baja en los próximos 30 días como establece la ley. Pero ahora, según ha explicado el propio Pedro Sánchez, ya tendrá el respaldo de los siete diputados de Junts, por lo que PSOE y Sumar no necesitarán de los votos del partido de Alberto Núñez Feijóo.
Una de las claves del pacto es que los socialistas han aceptado avalar la tramitación de la moción que presentó en el Congreso el partido de Carles Puigdemont solicitando que Pedro Sánchez se someta a una moción de confianza y que la Mesa del Congreso ha ido retrasando hasta en dos ocasiones. Y, con el acuerdo, los independentistas levantan “la congelación de las negociaciones sectoriales con el PSOE” establecida hace solo unas semanas.
A través de un comunicado, Junts ha explicado que el “Decreto Social” incluye la revalorización de las pensiones, el mantenimiento de las bonificaciones para el transporte público, las ayudas relativas a DANA y “medidas para combatir las ocupaciones delincuenciales”. A este respecto, apuntan, se prevén medidas “para proteger a las familias vulnerables así como medidas para garantizar el cobro del alquiler a los propietarios y el pago de los desperfectos ocasionados por los okupas o por los morosos en las viviendas”.
Quedan fuera de este decreto, siempre según Junts, “todas las medidas tributarias (que se negociarán más adelante), las medidas relativas a las ayudas a empresas electrointensivas, las medidas para suavizar el impacto contable del impuesto en los bancos, las subvenciones a empresas sin el balance previo pertinente, o la perpetuación de unos anticipos por la financiación autonómica sin pactar una redistribución distinta de los objetivos de déficit y sin haber abierto una negociación seria sobre el concierto económico de Catalunya”.
Tampoco se incluye “la modificación de la ley de la sociedad de la información o servicio postal” que, según Junts, “suponían la vulneración de las competencias de Catalunya.
Así, el texto prevé una revalorización de las pensiones del 2,8%, conforme al incremento del IPC. Además, las pensiones mínimas se revalorizan un 6% y las no contributivas y el ingreso mínimo vital, un 9%. El decreto contempla la extensión hasta el mes de julio de las bonificaciones de hasta el 50% al transporte público autonómico o la gratuidad de los trenes de Cercanías, Media Distancia y Avant para usuarios frecuentes.
Otro de los principales puntos del decreto son las ayudas para afectados por la DANA del 29 de octubre: se contemplan fondos específicos para la reparación de infraestructuras o viviendas dañadas en las zonas de la Comunitat Valenciana, Castilla-La Mancha o Andalucía afectadas por la DANA. Las ayudas incluyen también subvenciones directas y préstamos con intereses inferiores a los del mercado.
Nueva medida sobre Vivienda
Además, se contempla la extensión del “escudo social” hasta final de 2025. Los desahucios a las familias más vulnerables habían sido prohibidos durante todo el año, tras el pacto alcanzado entre el Ejecutivo y Podemos, y con el texto se prorroga la prohibición de cortar los suministros básicos de electricidad, gas y agua a los consumidores vulnerables. También se actualizan los porcentajes de descuento del bono social eléctrico en su modalidad de vulnerables severos hasta el 80% en el precio de la luz. El decreto vuelve a ampliar las ayudas económicas a las familias en situación vulnerable.
En rueda de prensa, Sánchez ha anunciado que además de las medidas que ya estaban incluidas en el real decreto ley que decayó la semana pasada el nuevo texto “incluye una medida adicional que no incluía el anterior en materia de vivienda”. Se trata, ha dicho, de “la creación de un sistema público de avales y garantías”.
“Un Gobierno, cualquier gobierno, puede perder una votación parlamentaria, pero no nos resignamos a que pierda la mayoría social”, ha destacado Sánchez poniendo en valor la capacidad de negociación de sus ejecutivos. “Estos días nos han enseñado que a pesar de todas las dificultades el Gobierno de coalición progresista es el Gobierno de los acuerdos”, ha apuntado, porque, según él, “el diálogo, la negociación y el acuerdo son seña de identidad” de esos ejecutivos gracias a la “aptitud y actitud” de sus ministros. “No damos ningún partido por perdido, sudamos la camiseta hasta el final”, ha añadido, haciendo un símil futbolístico.